Lo anunció el Gobierno. Citarán a los 1,2 millón de pensionados que hoy cobran el beneficio. Creen que se montó un sistema ilegal durante los gobiernos kirchneristas donde participaron gobernadores, intendentes, punteros políticos, médicos y prestadores de salud. Se habrían desviado 3.400 millones de dólares. Hay una denuncia penal.